El objeto de este instrumento es garantizar la protección de los ecosistemas marino-costeros y sus cuencas hidrográficas, orientando el manejo y aprovechamiento de sus recursos a manera de lograr su permanencia. Esta política se divide en nueve líneas estratégicas: i) ordenamiento territorial; ii) procesos económicos y mecanismos financieros; iii) fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional; iv) cumplimiento del marco legal nacional e internacional; v) desarrollo humano integral; vi) prevención de la degradación y la contaminación; vii) generación y transferencia de conocimiento; viii) conservación y restauración de los ecosistemas; y ix) cambio climático.