Esta política tiene su sustento en la preocupación por salvaguardar la vida humana, minimizar los daños a las personas, a los pueblos, a las comunidades y a los asentamientos humanos, causados por el impacto recurrente de diversos desastres a los que está expuesto el país, considerando también las grandes pérdidas económicas que impiden el desarrollo seguro, sostenible e integral de la nación.